Jochy Gómez dice asistente de Luis Abinader es accionista en Empresa Implicada al Escándalo del Intrant
El escándalo de los semáforos inteligentes en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) se ha consolidado como uno de los casos más controversiales en materia de gestión pública y modernización urbana en el país, al poner en evidencia presuntas irregularidades en un proyecto que buscaba transformar la movilidad en el Gran Santo Domingo. La iniciativa, presentada como un paso hacia la digitalización del tránsito, contemplaba la instalación de una red de semáforos inteligentes con tecnología avanzada para mejorar la fluidez vehicular y reducir los congestionamientos. Sin embargo, lo que debía ser un símbolo de progreso terminó convirtiéndose en un foco de cuestionamientos, investigaciones y denuncias públicas.
El origen del escándalo se sitúa en el proceso de licitación y adjudicación del contrato, el cual fue otorgado a un consorcio privado en medio de críticas por falta de transparencia y posibles violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones. Diversos sectores señalaron que el proceso habría sido diseñado para favorecer a determinados oferentes, limitando la competencia real y generando dudas sobre la legalidad del procedimiento. A esto se sumaron denuncias sobre sobrevaluación del proyecto, cuyo costo ascendía a decenas de millones de dólares, una cifra que expertos consideraron desproporcionada en comparación con iniciativas similares en otros países de la región.
Con el avance del proyecto, comenzaron a evidenciarse fallas técnicas y operativas que agravaron la situación. Los semáforos inteligentes, lejos de optimizar el tránsito, presentaron constantes averías, descoordinación en los tiempos de señalización y problemas de sincronización que generaron mayor caos vehicular en importantes intersecciones del Distrito Nacional. Estas deficiencias no solo pusieron en entredicho la calidad de la tecnología implementada, sino también la supervisión y ejecución del contrato por parte de las autoridades competentes.
Las investigaciones posteriores revelaron posibles vínculos entre funcionarios del INTRANT, encabezado en ese momento por Hugo Beras, y representantes de las empresas contratistas. Se habló de conflictos de interés, tráfico de influencias y la posible existencia de una estructura orientada a beneficiar intereses particulares por encima del interés público. Estas acusaciones llevaron a la apertura de procesos judiciales y a la intervención del Ministerio Público, que inició una serie de diligencias para determinar responsabilidades penales y administrativas.
El caso tomó mayor dimensión cuando se denunciaron irregularidades en los pagos realizados, incluyendo adelantos significativos sin que el proyecto estuviera completamente funcional, así como posibles incumplimientos contractuales por parte de las empresas involucradas. Además, informes técnicos independientes señalaron que el sistema instalado no cumplía con los estándares prometidos, lo que refuerza la hipótesis de que el Estado habría pagado por una solución que no respondía a las necesidades reales del tránsito en la capital.
En el plano político y social, el escándalo de los semáforos del INTRANT ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos y la efectividad de los mecanismos de control institucional. La ciudadanía, directamente afectada por el caos vehicular, ha expresado su frustración ante un proyecto que no solo no resolvió los problemas existentes, sino que en algunos casos los agravó. Este malestar ha sido amplificado por sectores de la oposición y por organizaciones de la sociedad civil que exigen sanciones ejemplares.
El impacto del caso trasciende lo administrativo, ya que pone en evidencia las debilidades estructurales en la planificación urbana y en la ejecución de proyectos tecnológicos en el país. La falta de coordinación interinstitucional, la ausencia de estudios técnicos rigurosos y la aparente improvisación en la implementación han sido señaladas como factores determinantes en el fracaso del proyecto. Todo esto ha llevado a cuestionar la capacidad del Estado para gestionar iniciativas de modernización de alto impacto.
En definitiva, el escándalo de los semáforos inteligentes del INTRANT se ha convertido en un símbolo de cómo un proyecto concebido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos puede derivar en un caso de presunta corrupción, ineficiencia y falta de transparencia. Su desenlace será clave para determinar si las instituciones dominicanas están en capacidad de sancionar las irregularidades y recuperar la confianza de la población, o si este episodio se suma a la lista de iniciativas fallidas que quedan marcadas por la impunidad.
La mención a Eilyn Beltrán y al empresario José Julio Schiffino fue dada por Gómez en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
Santo Domingo, República Dominicana. — Nuevos señalamientos sacuden el caso de presunta corrupción vinculado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), luego de que el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como “Jochy”, afirmara que Eilyn Beltrán, asistente del presidente Luis Abinader figura como accionista en la estructura societaria involucrada en el escándalo.
Las declaraciones de “Jochy” Gómez, que ahora vinculan a una figura cercana al entorno presidencial, agregan una nueva dimensión política al caso, que ya es considerado uno de los mayores escándalos recientes en materia de contratación pública y gestión del tránsito en la capital dominicana.
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