Por Yorkis Sánchez | (losdenunciados2025@gmail.com 829-765-2861)
En un país donde llenar el tanque se ha convertido en un lujo para miles de familias dominicanas, el Gobierno vuelve a enviar una señal equivocada sobre sus prioridades. Mientras la gasolina premium ronda los 331 pesos por galón y los costos del transporte, los alimentos y los servicios continúan golpeando el bolsillo de la población, el director general del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, proyecta destinar alrededor de 90 millones de pesos en publicidad institucional.
La cifra no pasa desapercibida. Mucho menos en un contexto económico donde cada aumento de combustibles termina impactando toda la cadena productiva nacional. Cuando sube la gasolina, no solo paga más el conductor. También sube el pasaje, el precio de los alimentos, la distribución de mercancías y el costo de vida en sentido general. Es un efecto dominó que golpea principalmente a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, en lugar de enfocarse en soluciones concretas para mejorar la infraestructura vial, transparentar el manejo de los peajes o aliviar la presión económica sobre los ciudadanos, RD Vial parece inclinarse hacia una estrategia de promoción mediática de alto costo. La pregunta es inevitable: ¿necesita realmente el país que una institución pública invierta 90 millones en publicidad mientras la ciudadanía enfrenta una presión económica cada vez más fuerte?
La contradicción resulta aún más delicada si se toma en cuenta que movilizarse en República Dominicana es cada vez más caro. Entre combustibles elevados, peajes, mantenimiento vehicular y congestionamiento urbano, el costo del transporte se ha convertido en una carga permanente para trabajadores y familias. En ese escenario, el gasto millonario en campañas publicitarias puede interpretarse más como una operación de imagen que como una inversión de impacto social real.
La publicidad gubernamental debería cumplir una función educativa y de servicio público, no convertirse en una herramienta de posicionamiento político o administrativo. Porque cuando el ciudadano ve que el Estado destina millones a promoción mientras él debe pagar casi 330 pesos por gasolina, el mensaje que recibe es claro: la prioridad no es aliviar la carga económica de la población, sino fortalecer narrativas institucionales.
Y ahí radica el problema de fondo. La percepción de desconexión entre la realidad que vive la gente y las decisiones que toman algunos funcionarios. Mientras miles de dominicanos hacen ajustes para sobrevivir a la inflación, reducen consumo o sacrifican gastos básicos, el Estado continúa autorizando presupuestos multimillonarios en comunicación y propaganda.
No se trata de cuestionar únicamente a Hostos Rizik Lugo. El debate debe ir más allá de una figura individual. Se trata de discutir el modelo de gasto público en tiempos donde el ciudadano exige eficiencia, transparencia y sensibilidad social. Porque administrar fondos públicos también implica comprender el momento económico que vive la nación.
En cualquier democracia sana, las prioridades presupuestarias hablan más fuerte que los discursos. Y hoy, para muchos dominicanos, resulta difícil entender cómo el Gobierno puede justificar 90 millones en publicidad mientras el precio de los combustibles continúa escalando y la calidad de vida sigue deteriorándose.
La indignación no nace únicamente del monto. Nace del contraste. Del choque entre la realidad del ciudadano común y la comodidad presupuestaria de ciertas instituciones públicas. Porque mientras el dominicano calcula cuánto podrá gastar para moverse durante la semana, el Estado parece decidido a gastar millones en convencerlo de que todo marcha bien.
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