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<\/figure>\n\n\n\nLa cifra no pasa desapercibida. Mucho menos en un contexto econ\u00f3mico donde cada aumento de combustibles termina impactando toda la cadena productiva nacional. Cuando sube la gasolina, no solo paga m\u00e1s el conductor. Tambi\u00e9n sube el pasaje, el precio de los alimentos, la distribuci\u00f3n de mercanc\u00edas y el costo de vida en sentido general. Es un efecto domin\u00f3 que golpea principalmente a la clase media y a los sectores m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en lugar de enfocarse en soluciones concretas para mejorar la infraestructura vial, transparentar el manejo de los peajes o aliviar la presi\u00f3n econ\u00f3mica sobre los ciudadanos, RD Vial parece inclinarse hacia una estrategia de promoci\u00f3n medi\u00e1tica de alto costo. La pregunta es inevitable: \u00bfnecesita realmente el pa\u00eds que una instituci\u00f3n p\u00fablica invierta 90 millones en publicidad mientras la ciudadan\u00eda enfrenta una presi\u00f3n econ\u00f3mica cada vez m\u00e1s fuerte?<\/p>\n\n\n\n
La contradicci\u00f3n resulta a\u00fan m\u00e1s delicada si se toma en cuenta que movilizarse en Rep\u00fablica Dominicana es cada vez m\u00e1s caro. Entre combustibles elevados, peajes, mantenimiento vehicular y congestionamiento urbano, el costo del transporte se ha convertido en una carga permanente para trabajadores y familias. En ese escenario, el gasto millonario en campa\u00f1as publicitarias puede interpretarse m\u00e1s como una operaci\u00f3n de imagen que como una inversi\u00f3n de impacto social real.<\/p>\n\n\n\n
La publicidad gubernamental deber\u00eda cumplir una funci\u00f3n educativa y de servicio p\u00fablico, no convertirse en una herramienta de posicionamiento pol\u00edtico o administrativo. Porque cuando el ciudadano ve que el Estado destina millones a promoci\u00f3n mientras \u00e9l debe pagar casi 330 pesos por gasolina, el mensaje que recibe es claro: la prioridad no es aliviar la carga econ\u00f3mica de la poblaci\u00f3n, sino fortalecer narrativas institucionales.<\/p>\n\n\n\n
Y ah\u00ed radica el problema de fondo. La percepci\u00f3n de desconexi\u00f3n entre la realidad que vive la gente y las decisiones que toman algunos funcionarios. Mientras miles de dominicanos hacen ajustes para sobrevivir a la inflaci\u00f3n, reducen consumo o sacrifican gastos b\u00e1sicos, el Estado contin\u00faa autorizando presupuestos multimillonarios en comunicaci\u00f3n y propaganda.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de cuestionar \u00fanicamente a Hostos Rizik Lugo. El debate debe ir m\u00e1s all\u00e1 de una figura individual. Se trata de discutir el modelo de gasto p\u00fablico en tiempos donde el ciudadano exige eficiencia, transparencia y sensibilidad social. Porque administrar fondos p\u00fablicos tambi\u00e9n implica comprender el momento econ\u00f3mico que vive la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En cualquier democracia sana, las prioridades presupuestarias hablan m\u00e1s fuerte que los discursos. Y hoy, para muchos dominicanos, resulta dif\u00edcil entender c\u00f3mo el Gobierno puede justificar 90 millones en publicidad mientras el precio de los combustibles contin\u00faa escalando y la calidad de vida sigue deterior\u00e1ndose.<\/p>\n\n\n\n
La indignaci\u00f3n no nace \u00fanicamente del monto. Nace del contraste. Del choque entre la realidad del ciudadano com\u00fan y la comodidad presupuestaria de ciertas instituciones p\u00fablicas. Porque mientras el dominicano calcula cu\u00e1nto podr\u00e1 gastar para moverse durante la semana, el Estado parece decidido a gastar millones en convencerlo de que todo marcha bien.<\/p>\n\n\n\n