SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), recusó este miércoles a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por supuesta parcialidad manifiesta a favor de los imputados en la red de corrupción que habría defraudado al Estado en el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar explicó que la recusación se fundamenta en decisiones judiciales que, a juicio del Ministerio Público, comprometen la imparcialidad del proceso penal. Estas incluyen autorizaciones de viajes al extranjero para el imputado José Gómez Canaán, pese a contar con impedimento de salida, así como la devolución de armas de fuego registradas a nombre de terceros y el levantamiento de medidas cautelares sobre cuentas bancarias y bienes vinculados a la investigación por lavado de activos.
Decisiones cuestionadas debilitan la integridad del proceso
“El Ministerio Público considera que estas acciones debilitan el proceso judicial y contradicen precedentes en casos similares, donde no se otorgaron privilegios a imputados bajo investigación por delitos financieros y corrupción administrativa”, señaló Pérez Fulcar.
También denunció que la magistrada ha intentado restringir el alcance de la investigación al sostener que los implicados no están siendo procesados por lavado de activos, a pesar de que este delito figura en el expediente desde el inicio de las pesquisas.
Caso de alto perfil por corrupción en el INTRANT
El caso involucra a una presunta estructura criminal encabezada por Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y José Gómez Canaán, además de otros exfuncionarios y contratistas:
- Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho del INTRANT
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero
- Carlos José Peguero Vargas
- José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
Durante la operación, apoyada por más de 170 agentes y 30 fiscales especializados, el Ministerio Público ejecutó allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Se ocuparon cientos de evidencias vinculadas a los delitos de corrupción administrativa, estafa al Estado, lavado de activos, coalición de funcionarios, sabotaje, contrabando, falsificación, comercio ilícito, entre otros.
Expectativas frente a la Corte de Apelación
El Ministerio Público expresó su confianza en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional evaluará con objetividad los argumentos presentados y garantizará la transparencia e imparcialidad que exige este proceso judicial de alto impacto para la institucionalidad del país.
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